Tenemos que gravar a los billonarios (traducción mía de We Need to Tax Billionaires, la edición inglesa de Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin, Seuil) de Gabriel Zucman es uno de los libros más decepcionantes que he leído en mucho tiempo. Las expectativas eran altas: se trata de la obra de uno de los economistas más influyentes del mundo en tributación, desigualdad y paraísos fiscales. Rutger Bregman, el celebrado autor de "Moral Ambition" y uno de los pensadores progresistas más leídos del momento, escribió que "con extraordinaria claridad, [Zucman] desmonta, una a una, las excusas para afirmar que gravar a los billonarios es imposible".
Pero Bregman fue muy generoso. La sección del libro que se dedica a "desmantelar" los argumentos en contra de gravar a los billonarios es tan breve que queda realmente escueta. En la edición de Kindle, Zucman dedica solo cinco páginas a este ejercicio que Bregman presenta como exhaustivo. El resultado parece un resumen apresurado de las objeciones a la propuesta, seguido de réplicas brevísimas. Es tan extraña esta falta de elaboración que parece deliberada, como si la intención hubiera sido reducir la propuesta de tributación de Zucman a las menos páginas posibles para simplificar el mensaje y acercarlo al gran público. Se lee como si alguien le hubiera pasado el trabajo académico de Zucman a un chatbot de inteligencia artificial con una sola instrucción: "Resúmelo a su mínima expresión".
La propuesta
El problema del libro es de forma, no de fondo. La propuesta es sencilla: un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio, no sobre los ingresos, de quienes tengan fortunas superiores a 100 millones de euros. La premisa es que gravar los ingresos de este tipo de mega-ricos es inefectivo porque es muy fácil para estos individuos reducir sus ingresos declarables a través de compañías. La práctica más común en Europa, por ejemplo, es que estos individuos dirijan sus ingresos en forma de dividendos hacia empresas de las que son accionistas. Así las cosas, dado que no hay una persona de carne y hueso que reciba el ingreso, no se causa impuesto sobre la renta personal. Estas compañías, por otra parte, pueden acceder muy fácilmente a exenciones que les evitan tributar sobre estos ingresos, al punto de que en Francia 95% de esos dividendos quedan exentos de tributación.
La consecuencia, afirma Zucman, es que la carga tributaria que pagan los billonarios no tiene mucho que ver con su fortuna, sino con lo que efectivamente consumen (pagan impuestos al consumo, como el IVA). Sin embargo, su consumo es ínfimo si se compara con sus ingresos y sus fortunas, lo que permite que paguen impuestos en mucha menor proporción que el resto de los mortales, que tributa tanto sobre su consumo como sobre la totalidad de sus ingresos. El resultado: los billonarios pagan una tasa efectiva de alrededor del 25%, cerca de la mitad de lo que paga el resto de los contribuyentes.
El tributo que propone Zucman es un impuesto mínimo: si en un año alguien ya pagó impuestos equivalentes al 2% de su patrimonio, no debe nada más; si pagó menos, paga la diferencia. El 2% no es arbitrario: Se sabe que los billonarios obtienen un rendimiento promedio de 6% de su fortuna al año, lo que implica que gravar su fortuna al 2% es gravar su ingreso anual al 33% (2 dividido entre 6), lo que los pondría a pagar, más o menos, lo mismo que hoy pagan los ricos que no pueden esconder sus ingresos.
El estimado del autor es que un impuesto de este tipo podría traerle a las arcas de los países del mundo entre 300.000 y 380.000 millones de dólares al año y en Francia solo afectaría a 1800 hogares, recaudando entre 15.000 y 25.000 millones de euros al año. Los billonarios (según Zucman, apenas el 0.0002% de la población francesa, unas 100 personas) pagarían más del 80% de esa factura.
Puesta así, parece increíble que no se haya encontrado la voluntad política para aprobar la propuesta de Zucman. En Francia, la Asamblea Nacional la aprobó en febrero de 2025, pero el Senado la rechazó en junio, y en octubre de ese año la propia Asamblea la rechazó durante el debate del presupuesto de 2026. Esto es evidencia en sí misma de la influencia que tienen los mega-ricos en las políticas públicas y de la responsabilidad que tienen en la falta de financiación de los bienes y servicios públicos. Si hay que financiar el Estado de bienestar, estos individuos deberían pagar una parte mayor de la factura.
Pues bien, una idea de este calibre está encapsulada en un libro que, en Kindle, no pasa de 47 páginas. Caben otras críticas (el libro es, en cierta medida, francocéntrico), pero su principal problema es ese: es demasiado ligero para lo que propone. Si el objetivo era simplificar la propuesta para hacerla más efectiva políticamente, se habría podido lograr con dos versiones: una abreviada y otra que le hiciera justicia al problema. Al fin y al cabo, lo que propone Zucman es una idea tan importante como polémica, y las ideas así exigen mucho más desarrollo. En su actual presentación, el libro es una oportunidad perdida: la de conocer a fondo, de la pluma de quien más ha hecho por ponerlos en la agenda, los mejores argumentos para gravar a los billonarios.
